Foto de La Prensa

El gobierno costarricense, bajo el mando de Luis Guillermo Slís, entregó este lunes una memoria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la cual reclama a Nicaragua 6.7 millones de dólares por supuestos daños al medio ambiente en Isla Portillos.

El documento que fue presentó el gobierno costarricense ante los jueces de La Haya describe los gastos que Costa Rica tuvo que enfrentar en el sector norte de Islas Portillos, después de que Nicaragua estableciera tropas militares en parte de ese territorio a finales de 2010.

El embajador de Costa Rica en Holanda y también Coagente ante la CIJ, Sergio Ugalde, dijo a medios internacionales que “cuando Nicaragua invadió esa sección de Islas Portillos, hizo unos caños artificiales para desviar el río San Juan”.

Luego de que la CIJ, a través de una orden la CIJ obligara a desmilitarizar la zona, Costa Rica cerró los caños que Nicaragua había construido “porque había un riesgo de que el San Juan pudiera conectar con el mar Caribe” declaró Ugalde, quién además señaló que otro daño grave fue “la deforestación de un bosque primario con árboles de 250 años que se perdieron para siempre”.

El informe presentado por la nación del sur también refleja gastos asociados con el despliegue de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Energía, luego de una orden dictada por los jueces del Alto Tribunal de la ONU para controlar la zona y darle seguridad.

Ugalde considera que la suma de 6.7 millones de dólares estimada por su país es “bastante conservadora” porque incluye “los gastos verdaderamente indispensables de pago que se produjeron a consecuencia de la acción ilegal de Nicaragua”.

Sin embargo, Ugalde manifiesta que el monto no incluye otros gastos que pudieron haberse indemnizado, pero que según el diplomático tico, decidieron no hacerlo para presentar un caso sólido.

El monto que Nicaragua debe pagar es consecuencia de la sentencia dictada por la Corte en 2015, la cual determinó que Nicaragua “violó la soberanía territorial de Costa Rica” al instalar un campamento militar en el norte de Isla Portillos hace 7 años.

Tras haberse dado el fallo de la CIJ, Managua estaba obligado a pagar por los daños realizados a Costa Rica, sin embargo, los jueces no establecieron una suma concreta, sino que dieron un año a las partes para que negociaran.

San José estimó que Managua debía pagar una suma de 6.7 millones de dólares, cantidad que Nicaragua calificó de “exagerada” y “desproporcionada” en noviembre 2016 por el representante de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, puesto que según este último no se derivaba “directamente” de las acciones realizadas por Nicaragua en la zona disputada.

Al no haberse dado un acuerdo entre ambos países, los jueces de la CIJ determinarán la cantidad que tendrá que pagar Nicaragua, quien tiene hasta el próximo 2 de junio para presentar su contramemoria, la cual tendrá que exponer los gastos que considera que debería abonar.

A su vez, Nicaragua y Costa Rica aún mantienen dos litigios más ante la CIJ sobre la delimitación territorial y marítima entre ambas naciones, unidos en un solo caso por el tribunal internacional.

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